Queremos dar visibilidad a uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, personas escondidas por sus familiares en sus casas durante el siglo XIX y que continúan escondidas en el siglo XXI, invisibilizadas ahora por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), la Consejería de Políticas Sociales y Familia, el Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM), los sindicatos y el Gobierno de España.
De los 13 centros de personas con discapacidad intelectual 100% públicos de la CAM, se cerraron la semana pasada 3 de ellos, los únicos que tienen sólo centro ocupacional sin residencia. Esta semana se han cerrado también los centros de día de estos mismos centros y, también, de los que tienen residencia, siendo derivadas sus trabajadoras y trabajadores por comisión de servicio a otros centros, en muchos casos a centros de menores, realizando trabajos de otra especialidad. Algunos técnicos auxiliares, derivados a los Centros de Atención a Discapacitados Psíquicos (CADP), tienen que realizar funciones de auxiliar de enfermería, para lo que no están debidamente formados. Y si, derivado de esto último, hubiera algún tipo de problema en el que saliera perjudicado cualquier usuaria o trabajador, nadie les garantiza que no se les pidieran responsabilidades a consecuencia de un trabajo para el cual no están preparados.
¿Qué ocurre con los CADP que continúan abiertos?
Hay muchas usuarias y usuarios afectados, personas que no pueden hablar, moverse, expresar lo que sienten y que no entienden nada de lo que está ocurriendo, de la pandemia que estamos viviendo.
Ellas y ellos dependen de quienes les asean, enseñan, cuidan, para sobrevivir…, de todo el colectivo de atención directa, que durante años y años han sido sus bocas, manos y piernas. Trabajadoras y trabajadores es de una de las tres bases más importantes en nuestra sociedad, junto a sanidad y educación, a la que se tiene muy poco en cuenta.
La privatización de los servicios sociales durante más de 20 años, en progreso por las medidas de las políticas territoriales de la Comunidad de Madrid y asumidas por los sindicatos burocratizados, ha dado lugar a que, de los 84 centros de la Red pública de la CAM, actualmente sólo 13 son 100% públicos.
Diez de estos CADP (Arganda, Dos de Mayo, Getafe, Mirasierra, Reina Sofía, Ángel de la Guarda, Juan de Austria, Ciudad Lineal, Carabanchel y Barajas) continúan abiertos a día de hoy. En ellos, hay usuarias y usuarios ya diagnosticados con positivos, además de otros tantos aislados por dar sintomatología COVID-19, aunque sin pasar pruebas para ver detectar los positivos. Sus plantillas se encuentran al mínimo y contaminadas también por el virus, ya que las trabajadoras y trabajadores, tanto de atención directa como quienes no tienen contacto directo con los usuarios y usuarias, han vivido con el virus durante semanas sin saberlo, por culpa de la falta de medidas tomadas por sus superiores. Y estas mismas trabajadoras y trabajadores están siendo enviados a otros centros, ya contaminados y/o sabiendo que ellos también pueden estarlo, con el peligro que ello implica de infectar a más gente.
Los medios de protección, están llegando tarde e incompletos y, en muchos casos, no son los adecuados.
Los trabajadores y trabajadoras de estos centros se están jugando la vida por sus usuarias, entre otras cosas porque saben que, si no lo hacen ellos, no lo hará nadie y morirán sin su personal de referencia.
Están siguiendo las órdenes de sus superiores, cuya coordinación y organización ha sido pésima desde que empezó la pandemia.
¿A qué están esperando las autoridades para intervenir? ¿A que mueran varios usuarias o parte de todo el colectivo de trabajadores que continúan yendo, allí día tras día con miedo a infectarse y sin protección, como ha ocurrido en las residencias de personas mayores?
GRITAMOS PARA QUE SE ACTÚE YA DE FORMA COORDINADA, COMO SE ESTÁ HACIENDO EN SANIDAD Y EDUCACIÓN.
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